Columna: enbocaspalabras
Seguridad Nacional: nuevas reglas
JUSTO MAY CORREA
Cancún, Quintana Roo
Domingo 28 de agosto de 2011
Tras el 11 de septiembre de 2001,
Estados Unidos redefinió un nuevo perímetro de seguridad en América del
Norte, el cual incluye a México y a Canadá con un nuevo énfasis en los límites
fronterizos, la integración y la soberanía.
A este tema se refiere
ampliamente el profesor Abelardo Rodríguez Sumano, investigador asociado en el
Departamento de Estudios del Pacífico, Centro de Estudios sobre América del
Norte, de la Universidad de Guadalajara, en un trabajo titulado “México:
ausencia de una política de Estado en la seguridad nacional”.
El experto expone que en la
actualidad la guerra contra el terrorismo añade una presión adicional sobre la
frontera con México que se ha exacerbado con el tráfico ilegal de drogas, armas
y personas como asuntos de seguridad binacional y con claras implicaciones hemisféricas.
En el caso de Canadá, la otra
frontera estratégica de Estados Unidos, en el marco del nuevo perímetro ha
establecido una diferenciación y reconocimiento importante: a pesar de que su
seguridad es profundamente interdependiente con la de Estados Unidos, su
dirigencia militar asegura que de su defensa interior se encargan ellos, con
base en una fuerte respuesta institucional que tiene como eje la vigencia
renovada en la “soberanía nacional”.
En efecto, la política exterior y
la defensa son decisiones soberanas pero éstas se sostienen sobre el cimiento
de una fuerte estructura estatal que no se contrapone con la integración
comercial, es más se complementa cuando hay precisión en los énfasis de ambas
políticas: la comercial apunta al exterior, la de defensa al interior.
Sin embargo, México adolece de
esa fortaleza y claridad institucional para la articulación en la defensa de su
soberanía, aunque, al igual que Canadá, su economía es altamente
interdependiente de la estadounidense.
Por lo tanto, la redefinición de
fronteras y el movimiento de amenazas transnacionales están obligando a
replantear a profundidad los límites internos y externos de la seguridad y la
defensa en nuestro país.
En este sentido, llama la
atención que el gobierno de Felipe Calderón y su gabinete emprendieran una “guerra
total” contra el narcotráfico con un aparato que no había sido reformado del
todo y que en algunos casos suele ser disfuncional en el combate y persecución
del delito, y que a veces se encuentra inconexo de la inteligencia, la
seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa y la política exterior.
Se trata de un sistema
republicano erosionado por dentro y débil hacia el exterior. Hay algo que no cuadra
entre el país que recibió el presidente y lo que ha intentado ejecutar, ya que
la debilidad institucional del Estado en su conjunto es evidente.
¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones
para iniciar una “guerra total” sin un diagnóstico integral en diciembre de
2006?
Una revisión detallada sobre la estrategia de seguridad en
documentos públicos como la Constitución
Política
Mexicana, la Ley de Seguridad Nacional (2005), el Plan Nacional de
Desarrollo
(pnd-2007-2012), la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (2009), las
Leyes Orgánicas de la Defensa y de la Armada de México,
la Ley de Protección
Civil, las visiones de las principales fuerzas políticas
representadas en el Congreso
de la Unión, los estados y los municipios, permiten
señalar que dentro y fuera
del Ejecutivo Federal no existe una idea precisa y compartida acerca de
qué es,
para qué es y cuándo se debe evocar a la seguridad
nacional.
Incluso existe confusión entre
seguridad pública y defensa nacional. Sin embargo, esa ausencia de claridad en las
ideas, coordinación y consenso también está presente en el Congreso de la Unión
y en el Poder Judicial de la Federación.
A la elaboración inconfundible de
las estrategias en documentos clave como el PND y las leyes de seguridad, les
debería seguir la claridad sobre las amenazas y los esfuerzos para movilizar al
conjunto de los aparatos del Estado –y no sólo del Ejecutivo Federal– que se
reflejen en las políticas públicas y los presupuestos destinados a reducir
vulnerabilidades.
Resulta clave que el Estado
desarrolle instrumentos profesionales y despolitizados para buscar adelantarse
a las contingencias con base en la calidad de la información y el conocimiento
multidisciplinario.
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