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Columna: enbocaspalabras


Seguridad Nacional: nuevas reglas



JUSTO MAY CORREA
Cancún, Quintana Roo
Domingo 28 de agosto de 2011


 

Tras el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos redefinió un nuevo perímetro de seguridad en América del Norte, el cual incluye a México y a Canadá con un nuevo énfasis en los límites fronterizos, la integración y la soberanía.

 

A este tema se refiere ampliamente el profesor Abelardo Rodríguez Sumano, investigador asociado en el Departamento de Estudios del Pacífico, Centro de Estudios sobre América del Norte, de la Universidad de Guadalajara, en un trabajo titulado “México: ausencia de una política de Estado en la seguridad nacional”.

 

El experto expone que en la actualidad la guerra contra el terrorismo añade una presión adicional sobre la frontera con México que se ha exacerbado con el tráfico ilegal de drogas, armas y personas como asuntos de seguridad binacional y con claras implicaciones hemisféricas.

 

En el caso de Canadá, la otra frontera estratégica de Estados Unidos, en el marco del nuevo perímetro ha establecido una diferenciación y reconocimiento importante: a pesar de que su seguridad es profundamente interdependiente con la de Estados Unidos, su dirigencia militar asegura que de su defensa interior se encargan ellos, con base en una fuerte respuesta institucional que tiene como eje la vigencia renovada en la “soberanía nacional”.

 

En efecto, la política exterior y la defensa son decisiones soberanas pero éstas se sostienen sobre el cimiento de una fuerte estructura estatal que no se contrapone con la integración comercial, es más se complementa cuando hay precisión en los énfasis de ambas políticas: la comercial apunta al exterior, la de defensa al interior.

 

Sin embargo, México adolece de esa fortaleza y claridad institucional para la articulación en la defensa de su soberanía, aunque, al igual que Canadá, su economía es altamente interdependiente de la estadounidense.

 

Por lo tanto, la redefinición de fronteras y el movimiento de amenazas transnacionales están obligando a replantear a profundidad los límites internos y externos de la seguridad y la defensa en nuestro país.

 

En este sentido, llama la atención que el gobierno de Felipe Calderón y su gabinete emprendieran una “guerra total” contra el narcotráfico con un aparato que no había sido reformado del todo y que en algunos casos suele ser disfuncional en el combate y persecución del delito, y que a veces se encuentra inconexo de la inteligencia, la seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa y la política exterior.

 

Se trata de un sistema republicano erosionado por dentro y débil hacia el exterior. Hay algo que no cuadra entre el país que recibió el presidente y lo que ha intentado ejecutar, ya que la debilidad institucional del Estado en su conjunto es evidente.

 

¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones para iniciar una “guerra total” sin un diagnóstico integral en diciembre de 2006?


Una revisión detallada sobre la estrategia de seguridad en documentos públicos como la Constitución Política Mexicana, la Ley de Seguridad Nacional (2005), el Plan Nacional de Desarrollo (pnd-2007-2012), la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009), las Leyes Orgánicas de la Defensa y de la Armada de México, la Ley de Protección Civil, las visiones de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, los estados y los municipios, permiten señalar que dentro y fuera del Ejecutivo Federal no existe una idea precisa y compartida acerca de qué es, para qué es y cuándo se debe evocar a la seguridad nacional.

 

Incluso existe confusión entre seguridad pública y defensa nacional. Sin embargo, esa ausencia de claridad en las ideas, coordinación y consenso también está presente en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial de la Federación.

 

A la elaboración inconfundible de las estrategias en documentos clave como el PND y las leyes de seguridad, les debería seguir la claridad sobre las amenazas y los esfuerzos para movilizar al conjunto de los aparatos del Estado –y no sólo del Ejecutivo Federal– que se reflejen en las políticas públicas y los presupuestos destinados a reducir vulnerabilidades.

 

Resulta clave que el Estado desarrolle instrumentos profesionales y despolitizados para buscar adelantarse a las contingencias con base en la calidad de la información y el conocimiento multidisciplinario.

 

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